Un grupo de Utah que salió caro
Kevin O'Leary estaba mirando las campañas de oposición contra proyectos de infraestructura de datos en Utah. Nada raro a primera vista. Protestas locales, comunicados de prensa, presión pública. Pero algo no encajaba.
El volumen era demasiado alto. Demasiado coordinado. Y claramente, demasiado caro para ser un movimiento de base.
El grupo en cuestión se llama Alliance for a Better Utah. Una organización sin ánimo de lucro con presencia en el estado, con web, con campañas activas contra el desarrollo energético y de computación. O'Leary dice que cuando vio la escala de lo que estaban haciendo, la primera pregunta que se hizo fue obvia: ¿quién lo paga?
Esa pregunta lo llevó a lanzar una auditoría.
La auditoría: formularios IRS y rastro digital
O'Leary no especula. Dice que revisó los formularios IRS 990 — los documentos que las organizaciones sin ánimo de lucro en EE.UU. están obligadas a presentar públicamente y que muestran de dónde viene su dinero y a dónde va. Esos formularios son accesibles para cualquiera a través de ProPublica Nonprofit Explorer, una base de datos pública que agrega toda esa información y la hace buscable.
También realizó lo que describe como una auditoría digital. Y lo que encontró, según él, apunta a China. Específicamente, a dinero canalizado a través de Alibaba.
El mecanismo sería clandestino — su palabra — pero el rastro existe. O'Leary dice que lo publicará en detalle. Lo que sí adelanta: millones de dólares entrando en Utah para financiar relaciones públicas orientadas a frenar cualquier avance en generación eléctrica, computación con IA o cualquier tipo de infraestructura de cómputo.
¿Quién querría eso? Su respuesta es directa: solo China.
Influencia extranjera encubierta: no es teoría
Que China opera campañas de influencia encubierta en EE.UU. no es una afirmación nueva ni descabellada. El Wall Street Journal ha documentado operaciones de este tipo en detalle — este reportaje recorre cómo funcionan esas redes de influencia dentro del territorio estadounidense.
Y existe un mecanismo legal para esto. Las organizaciones que actúan como agentes de gobiernos extranjeros en EE.UU. tienen que registrarse bajo la FARA — Foreign Agents Registration Act. El registro público de FARA permite ver qué entidades están declaradas. El problema, claro, es que las que actúan de forma encubierta no se registran.
O'Leary conecta los puntos: si el dinero chino está fluyendo hacia grupos que frenan la infraestructura de IA americana, el objetivo estratégico es evidente. No es ambientalismo. Es competencia.
Por qué los centros de datos son el objetivo
Para entender por qué alguien querría frenar los centros de datos en Utah, hay que entender qué representan.
La IA consume una cantidad gigantesca de electricidad. Los centros de datos son la infraestructura física que hace posible entrenar modelos, procesar inferencias y ofrecer servicios en tiempo real. Sin capacidad de cómputo, no hay IA. Y sin generación eléctrica que lo soporte, no hay centros de datos.
The Atlantic publicó un análisis detallado de cómo la expansión de centros de datos está presionando la red eléctrica americana. Es un cuello de botella real. Y si grupos de presión consiguen bloquear permisos, frenar proyectos energéticos o generar suficiente ruido político para paralizar la construcción, el efecto es el mismo que un ataque directo a la infraestructura — solo que más barato y más difícil de atribuir.
Ese es el juego que O'Leary dice haber descubierto.
Lo que viene: la publicación del informe
O'Leary grabó este vídeo — publicado desde su cuenta en X — como anticipo. Dice que publicará el informe completo con el rastro del dinero, los formularios, y los vínculos a Alibaba.
Si las afirmaciones se sostienen con documentación, las implicaciones son serias. No solo para Utah. Para cualquier estado americano donde haya proyectos de infraestructura energética o de cómputo con oposición organizada.
La pregunta que queda abierta es si esto es un caso aislado o si es el patrón. Fortune recoge las declaraciones de O'Leary en más detalle, incluyendo su conversación con la administración Trump sobre el asunto.
Por ahora, O'Leary dice que no puede creerlo. Y que tampoco podía creerlo cuando lo encontró.
El vídeo señala cosas. Normalmente no puedes tocarlas.
Un vídeo de 45 segundos menciona Alliance for a Better Utah, ProPublica, FARA, el Wall Street Journal, Fortune, The Atlantic. Seis destinos concretos. Si lo ves en X, no llegas a ninguno de ellos. O'Leary habla y la pantalla se queda quieta.
Eso es el problema que resuelve VidLink. Cuando un vídeo apunta a cosas reales — documentos, organizaciones, reportajes, bases de datos — esas referencias deberían ser clicables en el momento en que aparecen, no perdidas en una descripción que nadie lee.
En este caso concreto, los formularios IRS 990, el registro FARA, el Nonprofit Explorer de ProPublica — son las pruebas. Son la razón por la que el vídeo importa. Y sin enlaces activos, se quedan en el aire.